El Tribunal Supremo resuelve que, en las entradas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en el domicilio constitucionalmente protegido (artículo 18.2 de la Constitución española), no basta con entregar un anexo informativo que cite los artículos 113 y 142 de la Ley general tributaria si no informa expresamente de que la persona titular puede negar la entrada y revocar el consentimiento en cualquier momento.

La Sala indica que la carga de probar que el consentimiento fue libre, espontáneo e informado recae en la Administración, y que las diligencias firmadas acreditan la ausencia de oposición, pero no que la persona interesada supiera que podría oponerse.

Al apreciar un posible error en el consentimiento por información insuficiente, declara que las pruebas obtenidas en la entrada están viciadas y, en consecuencia, anula las liquidaciones y la sanción derivadas por lesión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.