El Tribunal Supremo analiza si la Administración puede declarar la responsabilidad tributaria subsidiaria de una o un administrador sin dirigirse antes contra los miembros de una sociedad ya disuelta y liquidada. La Sala concluye que, una vez extinguida la personalidad jurídica de la sociedad, las deudas tributarias se transmiten ope legis a las personas socias o partícipes, en los términos de los artículos 40.1 y 177.2 de la Ley general tributaria (LGT). Por ello, antes de derivar la responsabilidad a la persona administradora, la Administración debe continuar el procedimiento recaudatorio contra las y los socios y, en su caso, declararlos fallidos.

No cabe derivar directamente las deudas de una sociedad liquidada a la administradora o administrador por la vía del artículo 43 de la LGT, ignorando la previa sucesión tributaria de las personas socias.